El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación

Artículo de revisiónLa presente investigación dará a conocer la historia de la Justicia rogada, como se encuentra planteada por los diferentes doctrinantes, jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional tendientes a la regulación de dicho principio, de igual forma se expondrá el procedimiento que se da hoy en los diferentes despachos judiciales, si lo operadores judiciales están acatando dicho principio o por el contrario se han apartado de él y en que se fundamentan para hacerlo, y por último se realizará un análisis de las posibles consecuencias si se llegase a eliminar dicho principio de nuestro ordenamiento.INTRODUCCIÓN 1. HISTORIA DE LA JUSTICIA ROGADA 2. CONCEPTO DE LA JUSTICIA ROGADA 3. ANÁLISIS DOCTRINAL DE LA JUSTICIA ROGADA 4. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA JUSTICIA ROGADA 5. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ACUERDO A LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 6. POSIBILIDAD DE ELIMINAR EL PRINCIPIO DE LA JUSTICIA ROGADA CONCLUSIONES REFERENCIASPregradoAbogad

Los derechos fundamentales como límite al principio de la jurisdicción rogada análisis de la jurisprudencia del consejo de estado 2005-2015

El contexto internacional, con todos sus acontecimientos sociales y jurídicos, especialmente en los dos últimos siglos, permitieron en el ámbito nacional la formación de un modelo de Estado basado en políticas que promulgaban la consagración y consolidación de nuevos derechos, al mismo tiempo que implementaba mecanismos para su protección. La transformación del paradigma constitucional basado en el fortalecimiento de los derechos fundamentales creó la necesidad de adaptar los marcos legales que regían los trámites procesales sometidos al conocimiento de la administración de justicia. Como quiera que el Código Contencioso Administrativo fue expedido en el año 1984, sus postulados estaban adaptados a las políticas existentes en aquella época. Sin embargo, en Colombia los derechos fundamentales adquirieron a partir de la Constitución de 1991, una nueva connotación en el ámbito jurídico que obligó a las diferentes instituciones del Estado a garantizar su protección en todas y cada una de las actuaciones que realizaba. En otras palabras, se dio inicio a una nueva etapa de constitucionalización del derecho, que permeaba cada actuación administrativa o judicial. La finalidad de dicha consagración es la realización efectiva de los derechos reconocidos, de manera que, todas las actuaciones del Estado son irradiadas por la prevalencia de los derechos fundamentales. Sin lugar a dudas, esa prevalencia se convierte en el engranaje que une cada pieza de la estructura estatal, siendo necesaria para su fortalecimiento y elemento indispensable para legitimar políticas formadas en pensamientos democráticos. Es por ello que, el juicio de validez de las leyes se hace en directa confrontación con los postulados constitucionales, por lo que al evidenciarse algún tipo de transgresión en estos la consecuencia directa sea la inexequibilidad de dichas disposiciones; criterios que sin duda alguna rigen en la mayoría de tribunales constitucionales del mundo. Por ello, la jurisprudencia nacional fue acompasando los principios constitucionales con las normas propias de cada juicio, situación a la que no fue ajena la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a pesar del excesivo rigorismo que impetraba en sus decisiones. El papel que juega el juez es de tal importancia que ese valor supremo de administrar justicia, debe ser debidamente sustentado, más aún cuando con sus decisiones se afectan derechos fundamentales.The international context, with all its social and legal events, especially in the last two centuries, allowed the formation of a State model based on policies that promulgated the consecration and consolidation of new rights, at the same time as it implemented mechanisms for your protection. The transformation of the constitutional paradigm based on the strengthening of fundamental rights created the need to adapt the legal frameworks that governed the procedural procedures submitted to the knowledge of the administration of justice. Since the Contentious Administrative Code was issued in 1984, its postulates were adapted to the policies existing at that time. However, in Colombia, fundamental rights acquired from the Constitution of 1991, a new connotation in the legal field that forced the different institutions of the State to guarantee their protection in each and every one of the actions carried out. In other words, a new phase of constitutionalization of the law began, which permeated every administrative or judicial action. The purpose of this consecration is the effective realization of the rights recognized, so that all State actions are irradiated by the prevalence of fundamental rights. Undoubtedly, this prevalence becomes the mechanism that unites each piece of the state structure, being necessary for its strengthening and indispensable element to legitimize policies formed in democratic thoughts. That is why, the judgment of the validity of the laws is made in direct confrontation with the constitutional postulates, so when evidencing some type of transgression in these the direct consequence is the unconstitutionality of said dispositions; criteria that undoubtedly apply in most of the world's constitutional courts. Therefore, the national jurisprudence was accompanying the constitutional principles with the rules of each trial, a situation that was not alien to the Contentious Administrative jurisdiction, despite the excessive rigorism that impetraba in their decisions. The role played by the judge is of such importance that this supreme value of administering justice must be duly supported, even more so when his decisions affect fundamental rights

La hermenéutica de la jurisdicción rogada frente al principio Iura Novit curia en materia laboral administrativa colombiana

El derecho administrativo colombiano esta impregnado con un fuerte barniz de jurisdiccion rogada, si bien de suma importncia en el desaerollo de muchos temas, presenta grandes contradicciones en el derecho laboral administrativo desde el derecho constitucional colombiano. Veeremos las fuentes historicas interpretativas en la que se ha desarrollado la dialectica que se presenta entre el estado constitucional de derecho y la justicia rogada en el derecho laboral administrativo colombiano, y como el debate entre paradigmas hermeneuticos como el Positivismo y Jusnaturalismo han sido la fuente fundamental de las apresiaciones juridicas el marco de la jurisdiccion rogada. Asi mismo lainfluencia de las nuevas concepciones del derecho adminsitrativo desde una optica constitucional de la mano de principios como el iura novit curia ofrecen acercamientos hacia una justicia material efectiva en el derecho laboral administrativo.Abstract. Colombian Administrative law is permeated with strong varnish entreaty jurisdiction, and although of great importance in the development of many topics, this presents great contradictions between the administrative labor law from the Colombian constitutional law. We shall see interpretive historical sources which developed the dialect that occurs between the constitutional rule of law and justice entreaty in Colombian administrative labor law, and as the debate between hermeneutic paradigms, such as positivism and natural law, were the primary source of legal appreciations under the jurisdiction entreaty. Likewise the influence of new conceptions of law from an administrative constitutional perspective, including main such as hand iura curia novit, offer approaches towards effective material justice in administrative labor law.Maestrí

El papel de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la discriminación por razón de género en el ámbito laboral

Consciente de que los datos avalan que sigue existiendo discriminación por razón de género en todos los ámbitos, este TFG se centra solo en el ámbito laboral y, en particular, en qué función en la lucha contra la discriminación realiza la Administración laboral a través de la Inspección de Trabajo.Grado en Comerci

Implicaciones de la Reforma al Código Contencioso Administrativo en el Proceso Ordinario ante los Jueces Administrativos

Tesis Especialización en Derecho Administrativo, disponible también en medio físico. Nota de resumen: Recuento de las reformas introducidas por la Ley 1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo) implicando una variación que ha conllevado a implementar dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa el sistema oral, en aras de que los litigios que sean dirimidos se hagan bajo los postulados de la celeridad, la eficacia y la economíoa procesal, siendo de vital importancia el derecho a la administración de justicia. I.Arana Montoya, Edgar Augusto, asesorAcervo Bibliográfico1.Procedimiento administrativo -- Colombia -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-ROM 2.Derecho administrativo -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-ROM 3.Administración de justicia -- Colombia -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-ROM 4.Ley 1437 de 2011 -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-RO

Implicaciones de la Reforma al Código Contencioso Administrativo en el Proceso Ordinario ante los Jueces Administrativos

Tesis Especialización en Derecho Administrativo, disponible también en medio físico. Nota de resumen: Recuento de las reformas introducidas por la Ley 1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo) implicando una variación que ha conllevado a implementar dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa el sistema oral, en aras de que los litigios que sean dirimidos se hagan bajo los postulados de la celeridad, la eficacia y la economíoa procesal, siendo de vital importancia el derecho a la administración de justicia. I.Arana Montoya, Edgar Augusto, asesorAcervo Bibliográfico1.Procedimiento administrativo -- Colombia -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-ROM 2.Derecho administrativo -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-ROM 3.Administración de justicia -- Colombia -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-ROM 4.Ley 1437 de 2011 -- Tesis, disertaciones académicas, etc. -- CD-RO

Estrategias de implementación de las obligaciones del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en el ámbito local

16 p.El reto para hacer operativas las obligaciones del Estado supone, como dijimos, el fortalecimiento de la política de descentralización. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para cumplir con la meta de eficacia que se pretende. De esta manera, se requiere potencializar las herramientas existentes en los municipios y gobernaciones para iniciar un proceso de fortalecimiento de las políticas de derechos y, en particular, de profundización de la fiscalización y participación ciudadana, así como de la proactividad de los gobiernos locales para promover el uso de los datos abiertos y su publicación periódica e interoperable. Esta tarea se encuentra orientada por la Constitución de forma genérica en su artículo 2°, sobre el principio de máxima publicidad para titular universal. Estas herramientas en su fundamentación deben cruzar tres discursos, que se encuentran transversales en la labor de los mandatarios locales: el de los derechos en el ámbito internacional, derechos humanos, el de los derechos en el plano constitucional, derechos fundamentales, y el de las políticas públicas. Hasta el momento, hemos revisado lo referente a los parámetros de la descentralización, falta por determinar la diferencia entre los discursos de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Luego pasaremos a detallar los modelos estratégicos de operación y planeación como parte integral de aplicación.Los esquemas dinámicos de análisis de los escenarios locales Herramientas municipales para la ejecución de las obligaciones frente a la transparencia y el acceso a la información pública Los niveles de cumplimiento de las obligaciones: la tensión entre la realidad y el derech

El control de legalidad en el sistema oral en Colombia, en materia de lo contencioso administrativo: Análisis de su ejercicio en procesos tramitados por la sala de oralidad del Tribunal Administrativo de Nariño, período enero a marzo de 2016

La investigación parte de desarrollar un objetivo general, cual es, analizar el ejercicio del control de legalidad en el sistema oral en Colombia, en materia de lo contencioso administrativo en Nariño, a partir de procesos tramitados por la sala de oralidad del tribunal administrativo de Nariño , en el período comprendido entre enero y marzo de 2016, y los específicos que deben conocer su alcance y aplicabilidad en la práctica judicial dentro del sistema oral en materia contenciosa administrativa desde el análisis, estudio y evaluación de casos tramitados; lo que contribuye a múltiples reflexiones por la vía de la ilustración y comprensión. En el corto recorrido práctico de la oralidad, se pueden ver diversas situaciones que ameritan ser recogidas en un estudio académico, como para el caso, Maestría en derecho procesal contemporáneo.Magíster en Derecho Procesal ContemporáneoMaestrí

Role of registry offices regarding the expiration of precautionary measures according to Law 1579 of 2012

En el contexto de la legislación colombiana, las oficinas de registro de instrumentos públicos desempeñan un rol de significativa relevancia. Estas oficinas operan como intermediarias para la materialización de la transmisión de bienes inmuebles, conforme al artículo 756 del Código Civil. En este análisis, se aborda la función crucial de las oficinas de registro de instrumentos públicos con relación a la caducidad de las medidas cautelares, enmarcada en el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012. Dado que han transcurrido más de diez años desde la implementación de esta disposición, se han abordado los procesos que involucran la renovación de las medidas cautelares en correspondencia con las partes interesadas y sus representantes legales. Para comprender este enfoque, se ha adoptado una metodología que se basa en la revisión documental, analizando investigaciones relevantes sobre el tema. A través de este análisis, se ha logrado corroborar la utilidad y pertinencia de la caducidad tal como se ha concebido en la legislación. Es evidente que las medidas cautelares fueron diseñadas con el propósito de asegurar el cumplimiento de sentencias judiciales, en respuesta a una realidad global en el ámbito de la administración de justicia: el tiempo necesario para iniciar, desarrollar y concluir un proceso legal. En el contexto colombiano, esta duración es excesiva. Sin embargo, estas medidas son esenciales para salvaguardar los resultados de las decisiones judiciales y han sido concebidas como una respuesta al tiempo prolongado que conlleva llevar a cabo un proceso legal en diversos sistemas de justicia (Caso T-356/18, Corte Constitucional, 2018).Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales -- Maestría en Derecho AdministrativoIn the context of Colombian legislation, the registry offices of public instruments play a role of significant relevance. These offices operate as intermediaries for the materialization of the transfer of real estate, pursuant to Article 756 of the Civil Code. In this analysis, we address the crucial role of the registry offices of public instruments in relation to the expiration of precautionary measures, framed in Article 64 of Law 1579 of 2012. Since more than ten years have passed since the implementation of this provision, the processes involving the renewal of precautionary measures have been addressed in correspondence with the interested parties and their legal representatives. In order to understand this approach, a methodology based on documentary review has been adopted, analyzing relevant research on the subject. Through this analysis, it has been possible to corroborate the usefulness and relevance of forfeiture as it has been conceived in the legislation. It is evident that precautionary measures were designed with the purpose of ensuring compliance with judicial rulings, in response to a global reality in the field of the administration of justice: the time required to initiate, develop and conclude a legal process. In the Colombian context, this duration is excessive. However, these measures are essential to safeguard the results of judicial decisions and have been conceived as a response to the prolonged time involved in carrying out a legal process in various justice systems (Case T-356/18, Constitutional Court, 2018).. Keywords: Civil, liability, process, regulations

Problemáticas teórico-prácticas en las categorías del daño inmaterial reconocidas por la jurisprudencia colombiana

This book under review examines current relations between equity and compensable damages, since in the definition of these damages the equity plays a critical role. Through an analysis of recent decisions of both the Supreme Court of Justice and the Council of State on the typologies and reparation of non-pecuniary damages, the author deduces that, in some cases, guidelines applied by both Tribunals go against the equity and integral reparation rules. This book review exposes, comments and completes Professor M’Causland’s thesis, by showing weaknesses in the existing jurisprudence, while renewing a well-known debate around the judicial recognition of non-pecuniary damages. La obra reseñada aborda las relaciones existentes entre la equidad y el daño indemnizable, por cuanto en la definición de este, aquella juega un papel trascendental. A partir del estudio crítico de la jurisprudencia nacional vigente sobre la tipología y reparación del daño inmaterial, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, la autora concluye que, en ciertos casos, las pautas planteadas por estas corporaciones contrarían el criterio de equidad y la regla de reparación integral2. Este artículo expone, comenta y complementa la tesis de la profesora M’Causland, dejando en evidencia las falencias de ambos tribunales, abriendo así una vez más el debate alrededor de este tema.Problemáticas teórico-prácticas en las categorías del daño inmaterial reconocidas por la jurisprudencia colombiana